La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció los daños ambientales ocasionados por la construcción del Tren Maya y aseguró que llevará a cabo un proceso de restauración integral en la Península de Yucatán. Durante una reunión encabezada por la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, se destacó la necesidad de recuperar las zonas afectadas no solo por la obra ferroviaria, sino también por el desarrollo turístico desordenado en Quintana Roo, la contaminación derivada de la industria porcícola en Yucatán y la deforestación impulsada por comunidades menonitas en Campeche.
Bárcena enfatizó que la restauración debe involucrar a las comunidades locales, proponiendo que los productores de chicle de Quintana Roo participen en la reforestación. La funcionaria criticó que los consorcios encargados de la construcción del Tren Maya contraten empresas que plantan árboles sin garantizar su supervivencia, y subrayó que la propia población puede desempeñar un papel clave en la restauración del ecosistema forestal.
Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Semarnat, sostuvo que los costos de la restauración deben ser asumidos por los responsables de la obra. «Tiene que pagar quien hizo la obra», afirmó, sin precisar si esto recaerá en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) o en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entidades a cargo de distintos tramos del proyecto.
Dentro de las acciones previstas, se contempla la eliminación de las mallas instaladas en diversas zonas que impiden el paso de la fauna y la mejora de los pasos de animales, una de las principales preocupaciones de ambientalistas y comunidades locales. También se evalúa la posibilidad de decretar como reserva de la biosfera el sistema de cavernas y cenotes en Quintana Roo, el cual fue señalado por especialistas como una de las áreas más afectadas por la construcción del tren.
El Tren Maya, considerado una de las obras emblemáticas del sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de críticas desde su inicio debido a su impacto ambiental. Organizaciones como Greenpeace han denunciado la tala de 10 millones de árboles en el tramo 5 sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), así como la contaminación de los sistemas de agua dulce y la afectación a la selva maya. A pesar de las protestas, López Obrador defendió la obra argumentando que su continuidad era un asunto de seguridad nacional.
Semarnat también abordó el problema del desarrollo inmobiliario en la península, señalando la necesidad de establecer un mejor ordenamiento territorial para mitigar los efectos negativos de la urbanización descontrolada. Asimismo, se planteó una estrategia de compensación ambiental que incluiría reforestación y restauración de ecosistemas degradados, incluyendo zonas de manglares.
A pesar del reconocimiento de los daños y los planes anunciados, persisten dudas sobre la efectividad y la ejecución de las acciones de restauración. Especialistas han advertido que la recuperación de los ecosistemas impactados podría tardar décadas y que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes para revertir completamente el daño causado.
