El Senado de la República aprobó con 68 votos a favor y 29 en contra una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Esta modificación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, introduce cambios profundos en la operación del instituto, incluyendo la creación de una empresa constructora y ajustes en los órganos de gobernanza. La medida busca acelerar la construcción de un millón de viviendas y ofrecer esquemas de arrendamiento a los trabajadores, pero ha desatado críticas sobre el manejo de los recursos de las subcuentas de los empleados.
Entre los cambios más destacados está la reestructuración de los comités internos del Infonavit. La representación de trabajadores y empresarios en órganos clave, como los Comités de Vigilancia y Auditoría, se reduce, otorgando al gobierno un control del 60%. Además, el Consejo de Administración se verá disminuido de 15 a 12 integrantes, afectando la participación de los sectores laboral y patronal. Según la oposición, esto concentra un poder excesivo en el Ejecutivo sobre el fondo, que maneja más de 2 billones de pesos.
La reforma también permite al Infonavit crear una filial que, bajo términos del derecho privado, gestionará la construcción, administración inmobiliaria y arrendamiento social de vivienda. Este modelo busca dar soluciones al déficit habitacional en México, facilitando el acceso a viviendas cercanas a los centros laborales, con opciones de compra a futuro. Sin embargo, críticos como los senadores Ricardo Anaya y Manlio Fabio Beltrones acusan que esta estructura favorece la opacidad y representa un riesgo para los ahorros de los trabajadores.
Defensores de la reforma, principalmente de Morena, argumentan que es una respuesta necesaria al rezago habitacional, particularmente para los sectores de bajos ingresos. No obstante, la rapidez con la que se discutió y aprobó el dictamen, en contravención al reglamento del Senado, ha generado desconfianza. A ello se suman preocupaciones sobre el uso del patrimonio del Infonavit, que ahora podrá financiar proyectos de vivienda sin mayores restricciones, previa aprobación del Consejo de Administración.
Mientras unos ven la reforma como una oportunidad para ampliar el acceso a la vivienda digna, otros advierten que concentra decisiones clave en el gobierno y pone en juego los ahorros de millones de trabajadores. El debate refleja una tensión entre la necesidad de atender urgencias sociales y la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
