Ayer 30 de marzo iniciaron las campañas para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, en el que se elegirán nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistrados de salas regionales del TEPJF, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. Estas campañas concluirán el 28 de mayo, tres días antes de la jornada electoral del 1 de junio.
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que estas campañas tendrán una duración de 60 días y no contarán con etapa de precampaña, en apego al artículo 96 de la Constitución. Durante este periodo, los aspirantes podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y propuestas de mejora para la impartición de justicia. Asimismo, la propaganda electoral deberá cumplir con disposiciones ambientales y será retirada antes de la jornada electoral.
El INE también emitió lineamientos estrictos sobre la promoción del voto, prohibiendo a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a cualquier autoridad o institución pública, fomentar la participación ciudadana en este proceso. Según el consejero Arturo Castillo, la difusión de la elección es una atribución exclusiva del INE y el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) prohíbe el uso de recursos públicos para promoción o propaganda relacionadas con la elección del Poder Judicial.
La decisión del INE responde a la reciente difusión de un spot del gobierno federal en el que se invitaba a participar en la elección de jueces, magistrados y ministros, lo cual fue considerado una posible violación a la normativa electoral. Ante ello, el Consejo General del INE determinó que cualquier intento de promoción por parte de servidores públicos no candidatos será sancionado.
Dentro de los lineamientos aprobados por el INE también se incluyó la prohibición de intervención de ministros de culto en la elección y la regulación de los espacios de debate entre candidatos. Además, se establecieron los criterios de veda electoral, que entrará en vigor tres días antes de la elección, del 29 al 31 de mayo, periodo en el que se suspenderá toda propaganda electoral.
Por otra parte, el INE aprobó ajustes al Marco Geográfico Electoral en cinco estados: Nayarit, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, para definir las demarcaciones territoriales en las que se desarrollará el proceso. También se recibieron informes sobre la acreditación de observadores electorales, con un total de 2,636 registros aprobados, de los cuales 1,505 corresponden a mujeres y 1,131 a hombres.
Hasta el momento, el INE ha impartido más de 12,000 cursos de capacitación para observadores electorales y ha realizado 16,851 acciones de difusión, de las cuales 14,553 fueron implementadas por el propio instituto. Un porcentaje de estas actividades estuvo dirigido a grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de garantizar su participación en el proceso.
Finalmente, el Consejo General del INE aprobó modificaciones a los lineamientos de fiscalización del proceso electoral, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). También se respondieron consultas de los candidatos judiciales sobre las sanciones que podrían enfrentar en caso de incumplir con la normativa electoral.
El inicio de estas campañas marca un momento histórico en México, al tratarse de la primera elección directa de jueces y magistrados. Sin embargo, el proceso se desarrolla en medio de un intenso debate sobre la equidad en la contienda y la intervención de actores gubernamentales en la promoción del voto.
