El Gobierno de Ecuador declaró el estado de “alerta máxima” tras un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que advirtió sobre posibles atentados terroristas contra el presidente Daniel Noboa y su equipo, presuntamente planeados por sicarios trasladados desde México y otros países. El informe, cuya autenticidad fue confirmada por el ministro de Gobierno, José De la Gasca, señala que estas amenazas estarían vinculadas a estructuras criminales tras la reelección de Noboa, en una contienda marcada por las denuncias de fraude de la opositora correísta Luisa González, desestimadas por organismos internacionales.
El documento militar también advirtió sobre posibles ataques a infraestructuras clave como puentes, bancos e instituciones estatales, así como la organización de manifestaciones con potencial violento para “calentar las calles”. En respuesta, el Ejecutivo ecuatoriano activó todos los protocolos de seguridad, articulando esfuerzos entre Fuerzas Armadas, Policía e Inteligencia, al tiempo que condenó enérgicamente cualquier intento de desestabilizar al país a través del miedo y la violencia.
El gobierno de Noboa acusó a organizaciones criminales de actuar en complicidad con sectores políticos “derrotados en las urnas”, sin mencionar directamente al correísmo. Sostuvo que estas acciones buscan vulnerar la democracia y el Estado de derecho, y aseguró que responderá con “toda la fuerza del Estado”. En una declaración enfática, el Ejecutivo afirmó que “prevaleceremos” ante cualquier amenaza, asegurando que se pondrá de rodillas a quienes pretendan atentar contra la paz nacional.
Mientras tanto, la reacción de México no se hizo esperar. La cancillería mexicana rechazó “tajantemente” las acusaciones de Ecuador, calificándolas como una “inescrupulosa creación de narrativas” que pretenden vincular al país con actos criminales. El comunicado recordó el violento asalto a su embajada en Quito el pasado 5 de abril, cuando fuerzas ecuatorianas entraron por la fuerza para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba bajo protección diplomática. Desde entonces, ambos países rompieron relaciones diplomáticas.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiteró que no habrá restablecimiento de vínculos mientras Noboa siga en el poder. Además, retomó observaciones de la OEA sobre las irregularidades de la campaña electoral ecuatoriana, particularmente el hecho de que Noboa no se separó de la presidencia durante el proceso, algo que debilitó la equidad y la institucionalidad, aunque sin invalidar el resultado. La Unión Europea coincidió en ese diagnóstico.
Por su parte, el presidente Noboa se encuentra desde el jueves en Florida, en un viaje privado, y se espera su retorno el martes. Ecuador se mantiene en “conflicto armado interno” desde principios de 2024, cuando el mandatario declaró la guerra a las bandas del crimen organizado, catalogándolas como “terroristas”. Esta medida se ha traducido en una dura ofensiva contra el narcotráfico y estructuras delictivas, aunque también ha generado un aumento sostenido en la violencia.
El país cerró 2023 como el más violento de América Latina en cuanto a homicidios, y el 2025 ya se perfila como el peor año de su historia reciente, con un asesinato cada hora en promedio. La violencia ha alcanzado también a políticos, fiscales y autoridades locales, y su punto más alto fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en plena campaña, un crimen aún sin esclarecer del todo. En este contexto, las advertencias de un atentado contra el presidente han encendido las alarmas de un país al borde de una crisis de seguridad sin precedentes.
