La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó tajantemente la postura del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) respecto a que en México las desapariciones constituyen una práctica generalizada o sistemática. En un pronunciamiento oficial, la institución afirmó que esta visión está “descontextualizada” y negó que exista una crisis en el país relacionada con este delito, enfatizando que el fenómeno no puede atribuirse a una política de Estado.
Este posicionamiento se da tras la resolución del CED en la que se exhorta a México a tomar medidas urgentes ante el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde colectivos de búsqueda han encontrado restos humanos y objetos personales, en lo que se presume fue un centro de exterminio del Cártel de Jalisco Nueva Generación. La resolución activó el artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, con lo que México queda bajo potencial escrutinio de los 193 países miembros de la Asamblea General de la ONU.
La CNDH defendió que la participación extranjera no siempre es efectiva y que incluso puede entorpecer las soluciones locales. En respuesta a los recientes hallazgos en Jalisco, anunció la apertura de una nueva oficina regional en Guadalajara el 15 de abril, con una unidad móvil operando desde el 7 de abril, para fortalecer su presencia en el occidente del país. Según la institución, Jalisco es la quinta entidad con más quejas por violaciones a derechos humanos, acumulando más de tres mil expedientes desde 2019.
Por su parte, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, también negó que las desapariciones sean una política sistemática del Estado. Subrayó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y con el combate a las causas de la violencia, asegurando que continuará colaborando con el CED mediante el envío de información y la atención de acciones urgentes e informes periódicos.
La CNDH argumentó que su nueva oficina en Guadalajara no es una reacción puntual, sino parte de una estrategia preventiva basada en una visión soberana de defensa de derechos humanos. Además, enfatizó que la decisión responde a peticiones de colectivos y víctimas, no sólo relacionadas con el Rancho Izaguirre, sino con una necesidad sostenida de coordinación y atención integral en la región.
La resolución del Comité de la ONU solicita al Estado mexicano una serie de acciones inmediatas, entre ellas proteger el predio del rancho, realizar investigaciones con participación de familiares de víctimas, asegurar la cadena de custodia, y llevar a cabo análisis genéticos y de contexto. El organismo también expresó preocupación por las amenazas que enfrentan los colectivos de búsqueda, pese a tener medidas de protección.
Expertos como Marisol Méndez, de la Fundación para la Justicia, recordaron que México aceptó voluntariamente la competencia del CED desde 2020, lo cual implica que debe acatar sus resoluciones. Además, alertó que ignorar los señalamientos podría afectar la imagen internacional del país, así como su posición en tratados comerciales que incluyen cláusulas de derechos humanos.
Víctor Hernández, académico de la Universidad Iberoamericana, advirtió que un eventual avance del caso en la ONU podría tener consecuencias económicas, como la reducción de inversiones extranjeras o restricciones turísticas. También podrían establecerse sanciones o restricciones políticas a funcionarios mexicanos, si se concluye que las desapariciones son prácticas sistemáticas toleradas por el Estado.
