Culiacán amaneció el lunes 7 de abril entre el estruendo de ráfagas y el eco del horror. Un grupo armado irrumpió de madrugada en el centro de rehabilitación Shaddai A.C., ubicado en la colonia Colinas de San Miguel, y asesinó a nueve personas, entre ellas una mujer joven. Según sobrevivientes, los sicarios buscaban a un tal “pelón” o a gente vinculada a una facción criminal. Al no obtener respuestas, dispararon a discreción contra los internos que, hasta ese momento, buscaban salir de sus adicciones. Uno de ellos, aún conmovido, resumió la suerte de los que quedaron vivos: “No nos mataron a todos porque se les entrampó el rifle”.
Entre los muertos había un hombre pelón de 56 años. Otro sobreviviente, de 58, también calvo, se salvó por poco. La confusión y la violencia marcaron un episodio más de la guerra interna que desde septiembre pasado enfrenta a las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, ambas derivadas del Cártel de Sinaloa. Este conflicto ha dejado más de mil asesinatos y más de 700 desapariciones, en su mayoría en la capital sinaloense. A pesar de los operativos y detenciones —más de 600 en estos meses—, la violencia sigue tomando nuevos rostros y espacios.
Horas después del ataque, el líder del centro Shaddai, Guillermo Rodríguez Gaxiola, fue secuestrado por otro comando en su propio domicilio. Lo obligaron a salir frente a su esposa e hijos. Esa misma noche, su cuerpo fue localizado al sur de la ciudad, en la colonia La Costerita, con signos evidentes de tortura y envuelto parcialmente en una bolsa negra. Su familia confirmó la identidad por los tatuajes. Rodríguez era una figura conocida en Sinaloa por su activismo en favor de la rehabilitación y dirigía también el Grupo Renace y la Unión de Redes de Centros de Rehabilitación.
El asesinato de Rodríguez Gaxiola ocurrió en el contexto de una jornada violenta contra estos establecimientos. Además del ataque en Shaddai, otros dos centros ligados a él, Rehabilítate y Casa Manantial, también fueron atacados. En este último, aunque no hubo disparos, las autoridades evacuaron a 120 internos como medida preventiva. Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha reconocido intervenciones en tres ubicaciones, aunque medios locales reportan al menos cinco centros agredidos en distintos puntos de la ciudad.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que los agresores interrogaron a los internos preguntando si eran de algún grupo criminal. Ante la falta de respuestas, dispararon de forma selectiva. Ocho personas murieron en el lugar y una más en el hospital del IMSS. Cuatro más resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Otros 16 internos resultaron ilesos, entre ellos quienes narraron la masacre. “Somos gente de Dios”, gritó uno de los responsables del centro para intentar calmar a los atacantes, pero no bastó.
El ataque puso de relieve una vez más la vulnerabilidad de estos espacios, muchos de ellos conformados por comunidades en recuperación que carecen de protección estatal. De los 256 centros registrados en Sinaloa, solo 102 están regulados por la Secretaría de Salud. Los inmuebles dirigidos por Rodríguez Gaxiola sí estaban dentro del marco regulado, lo que agrava aún más el mensaje de impunidad que dejaron los atentados.
No es la primera vez que la violencia golpea a los centros de rehabilitación en la región. En marzo de 2024, al menos 60 personas fueron privadas de la libertad en comunidades rurales de Culiacán, mientras que en 2023, en Angostura, la Marina clausuró centros clandestinos donde se explotaba laboralmente a jornaleros. Sin embargo, la brutalidad de los ataques recientes, su aparente coordinación y la ejecución del principal representante del sector, reactivaron las alarmas.
La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza ha desbordado cualquier límite. Ya no se trata solo de plazas o rutas, sino del control absoluto del tejido social. En Culiacán, ni siquiera los espacios dedicados a salvar vidas parecen estar a salvo. Esta vez, las balas alcanzaron a quienes solo buscaban redención.
