La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, lanzó fuertes críticas al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras el anuncio del organismo sobre la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que podría llevar el caso mexicano ante la Asamblea General. Alcalde calificó esta medida como una acción con “orientación política e ideológica”, afirmando que el comité “no simpatiza con los gobiernos progresistas y cercanos a la gente”.
El pasado 5 de abril, el Comité informó que, debido a la gravedad del problema en México, iniciaría un procedimiento urgente para analizar las desapariciones forzadas, las cuales, según sus observaciones, ocurren de manera “sistemática y generalizada”. En respuesta, el Gobierno de México difundió un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores en el que rechaza las acusaciones y sostiene que el Estado mexicano no consiente ni promueve este tipo de delitos.
La líder morenista retomó el tema este lunes, alineándose con la postura del Gobierno federal y afirmando que desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia, cesaron las prácticas de desaparición forzada desde el Estado. Además, subrayó que con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, se ha dado continuidad a los esfuerzos por combatir este delito. Aseguró que durante ambos gobiernos se han desplegado como nunca antes estrategias de búsqueda de personas desaparecidas y combate a la impunidad.
Sin embargo, datos oficiales y denuncias de organizaciones civiles contrastan con estas afirmaciones. México es actualmente el país con mayor número de acciones urgentes activadas por el Comité de la ONU en esta materia, lo cual ocurre solo cuando hay indicios de que una desaparición involucra a agentes del Estado. A esto se suma el hallazgo en marzo de un presunto centro de adiestramiento en Teuchitlán, Jalisco, donde colectivos de familiares localizaron restos humanos calcinados y pertenencias de más de 200 personas presuntamente desaparecidas.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también se lanzó contra el Comité de la ONU, acusándolo de prestarse a una campaña internacional con fines políticos. Afirmó que esta medida busca “descarrilar” el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, y criticó que el organismo no haya actuado con el mismo rigor ante violaciones de derechos humanos en conflictos internacionales como Gaza, Ucrania o Afganistán. “La derecha aplaude de pie, pero no van a poder. Utilizan la tragedia para sacar raja política”, sentenció.
Noroña rechazó que se pueda vincular al Gobierno mexicano con los hechos en Teuchitlán sin antes contar con pruebas concluyentes. Afirmó que se está construyendo una iniciativa legislativa sobre desapariciones, y que la Secretaría de Gobernación ya inició diálogo con familiares de víctimas para integrar sus demandas. Según el legislador, este proceso permitirá una discusión seria que impida cualquier uso político del dolor de las familias.
El Comité de la ONU dejó claro que la activación del artículo 34 no implica una condena anticipada, sino la solicitud formal de información al Estado mexicano para iniciar un diálogo constructivo. No obstante, la gravedad de la medida ha generado tensiones entre el organismo internacional y el Gobierno, que insiste en que ha cumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos y ha priorizado la atención a víctimas.
Jalisco, epicentro del caso que detonó esta controversia, lidera la lista de estados con más personas desaparecidas. Entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, se reportaron más de 11,600 personas no localizadas en la entidad. La cifra coloca bajo el escrutinio internacional la gestión del fenómeno durante el sexenio anterior y el actual, dejando en entredicho la narrativa oficial de que la desaparición forzada ya no es una práctica del Estado.
