Las autoridades mexicanas han realizado un decomiso sin precedentes en Tamaulipas, asegurando 10 millones de litros de diésel almacenados en predios de Altamira, así como un buque cisterna que llegó desde Texas y se encuentra bajo resguardo en el puerto de Tampico. La operación, encabezada por la Secretaría de Marina y otras dependencias del gabinete de seguridad, incluyó el aseguramiento de vehículos de carga, armas y documentación, en un esfuerzo por frenar el tráfico ilícito de hidrocarburos en la región.
El buque involucrado en la incautación es el Challenge Procyon, de bandera singapurense y número IMO 9527403. Esta embarcación zarpó el 16 de marzo desde Beaumont, Texas, y arribó a Tampico el 19 de marzo. Aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que transportaba presuntamente aditivos para aceites lubricantes, no se ha descartado su relación con el combustible asegurado en los predios de Altamira.
Durante los cateos en estos predios, las autoridades confiscaron 192 contenedores con diésel, 23 tractocamiones con remolque, seis tractocamiones sin remolque, tres camionetas pick-up y equipos de cómputo. En otro punto, se incautaron 18 cartuchos de arma corta y documentación relevante. Dentro del buque también se hallaron armas cortas, cargadores abastecidos y cartuchos de diversos calibres.
El operativo forma parte de la estrategia nacional de seguridad para combatir el tráfico ilegal de hidrocarburos, un delito que, según estimaciones, genera pérdidas millonarias en evasión fiscal. El llamado «huachicol fiscal», que implica el ingreso de combustible sin declarar desde Estados Unidos, ha sido una constante en la frontera norte, particularmente en Tamaulipas, donde la corrupción en las aduanas ha facilitado estas operaciones.
Este decomiso se suma a otros recientes golpes contra el contrabando de hidrocarburos. La semana pasada, las autoridades confiscaron ocho millones de litros de hidrocarburo en Ensenada, Baja California. En ambos casos, la Secretaría de Marina ha jugado un papel clave, consolidándose como un actor central en la lucha contra estas redes criminales.
Además del impacto económico, este golpe al huachicol fiscal ocurre en un contexto de reforzamiento de la cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad. La visita reciente de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Interior del gobierno de Donald Trump, incluyó la ratificación de un acuerdo aduanero que busca mejorar la coordinación contra el contrabando. Este acuerdo podría marcar un cambio en la forma en que ambos países enfrentan el tráfico de hidrocarburos.
El aseguramiento del Challenge Procyon y la incautación de 10 millones de litros de diésel no solo representan un duro golpe para las mafias del huachicol, sino que también refuerzan el mensaje del gobierno de México sobre su compromiso para combatir estos delitos. Sin embargo, el reto sigue siendo la corrupción en las aduanas y la identificación de las redes empresariales que permiten este tipo de operaciones a gran escala.
