El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció este domingo que la Fiscalía General de la República (FGR) les ha impedido participar en el procesamiento del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, lugar donde se han hallado evidencias de crematorios clandestinos utilizados por el crimen organizado. Según el grupo, esta medida vulnera sus derechos como víctimas y obstaculiza la búsqueda de la verdad histórica, por lo que solicitan la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A través de su cuenta en la red social X, el colectivo afirmó que la exclusión se formalizó mediante un oficio de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, en el cual se establece que solo el personal oficial tendrá acceso a la zona hasta que la autoridad federal autorice la presencia de observadores. Este documento, fechado el 16 de marzo y firmado por el comisionado Víctor Hugo Ávila Barrientos, ha generado indignación entre los familiares y activistas.
La imagen del oficio fue difundida junto con mensajes en los que se denuncia que, a pesar de los hallazgos realizados en el rancho, las autoridades buscan restringir la participación de quienes han trabajado incansablemente para localizar a las personas desaparecidas. Los buscadores sostienen que esta acción es un intento de encubrir la magnitud de los hechos y evitar el deslinde de responsabilidades.
El grupo señala que el Rancho Izaguirre fue asegurado por la fiscalía estatal en septiembre de 2024, pero desde entonces la información provista por las autoridades ha sido fragmentaria, limitándose a reportes de grupos de búsqueda sin una investigación exhaustiva que esclarezca la totalidad de los hechos ocurridos en el predio. Para ellos, es fundamental contar con todos los detalles y evidencias para que las fiscalías puedan actuar de manera transparente.
Además, Guerreros Buscadores ha compartido imágenes y testimonios que documentan hallazgos de ropa, zapatos, objetos personales y restos óseos, evidenciando el uso del rancho como centro de reclutamiento y exterminio. Estos elementos, que incluyen cartas y libretas con mensajes de despedida, subrayan la brutalidad de las operaciones del crimen organizado en la región.
La exclusión del colectivo ha generado un amplio rechazo en redes sociales, donde miles de ciudadanos han expresado su indignación por lo que consideran una violación de derechos fundamentales. Numerosos comentarios denuncian que apartar a los buscadores es un intento de minimizar la gravedad de la situación y reescribir la historia de la violencia en Jalisco.
Por su parte, la FGR y la fiscalía del estado han justificado la restricción como una medida necesaria para preservar la integridad de la investigación en curso, haciendo un llamado a los medios y a la ciudadanía a coordinarse con sus equipos de comunicación antes de utilizar drones o realizar intervenciones no autorizadas en la zona.
Mientras tanto, colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos han intensificado sus protestas en Teuchitlán y otras localidades, exigiendo el acceso pleno a la información y una investigación exhaustiva que permita deslindar responsabilidades tanto a autoridades como a los grupos criminales involucrados. Estos grupos consideran que la transparencia es esencial para la justicia y la reparación de las víctimas.
Finalmente, Guerreros Buscadores de Jalisco insta a la CNDH a intervenir en el proceso, ya que consideran que la exclusión de las víctimas podría sentar un peligroso precedente en la búsqueda de verdad y justicia. Concluyen que el acceso de los buscadores a las diligencias es indispensable para garantizar que se esclarezcan todos los hechos y se responsabilice a quienes hayan permitido o encubierto la impunidad en el rancho Izaguirre.
