El Senado aprobó la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la soberanía nacional, en medio de un debate marcado por acusaciones de la oposición y la defensa de Morena sobre la necesidad de proteger al país de intervenciones extranjeras. La modificación a los artículos 19 y 40 de la Constitución establece penas severas contra el terrorismo y el tráfico ilegal de armas, además de sancionar a agentes extranjeros que operen en México sin autorización.

La reforma se aprobó con 107 votos a favor y 14 en contra, con el respaldo de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, mientras que el PRI votó en contra. Durante la discusión, senadores panistas cuestionaron la iniciativa, acusando al oficialismo de legislar en favor del narcotráfico. Marko Cortés afirmó que la reforma es una estrategia política para exaltar el nacionalismo ante presiones de Estados Unidos y denunció presuntos vínculos entre el gobierno y el crimen organizado.

En respuesta, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, rechazó las acusaciones y reprochó a la oposición por solicitar la intervención de organismos internacionales. “No somos vendepatria”, afirmó, en alusión a las denuncias que el PAN presentó ante la OEA. Otros legisladores morenistas insistieron en que la reforma es una respuesta soberana ante presiones extranjeras, particularmente de Donald Trump, quien ha amenazado con intervenir en México para combatir a los cárteles.

La senadora panista Guadalupe Murguía consideró innecesaria la reforma, argumentando que la soberanía nacional ya está garantizada en la Constitución y que su inclusión es una reacción política a declaraciones de Washington. Señaló que el gobierno de México busca reforzar su imagen nacionalista, mientras que la senadora Lilly Téllez calificó a Morena como el «brazo legislativo de los narcos», acusando a sus miembros de actuar en beneficio del crimen organizado.

La reforma establece que el pueblo mexicano no aceptará ninguna intromisión extranjera que afecte su integridad o independencia, incluyendo golpes de Estado, injerencias electorales o violaciones del territorio nacional. Además, estipula que cualquier persona, nacional o extranjera, que incurra en terrorismo o tráfico de armas será castigada con la pena más severa posible y enfrentará prisión preventiva oficiosa.

Durante la sesión, el debate se tornó tenso cuando la senadora Lucía Trasviña de Morena arrebató un megáfono a Lilly Téllez, quien acusaba a la bancada oficialista de traición a la patria. En paralelo, el PRI mantuvo su rechazo a la reforma, con su líder Alejandro Moreno Cárdenas observando el enfrentamiento entre panistas y morenistas desde la parte trasera del salón de sesiones.

Senadores de Morena y el PVEM defendieron la reforma como un acto de defensa de la soberanía, mientras que el panista Marko Cortés afirmó que su partido logró incluir el delito de terrorismo en la Constitución, sugiriendo que Morena cedió ante presiones de Estados Unidos. En tanto, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín advirtió que la discusión no debe ensuciarse con falsas acusaciones de vínculos entre el gobierno y el crimen organizado.

Tras más de cinco horas de discusión y múltiples suspensiones de la sesión por los enfrentamientos verbales, el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular. Ahora, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados, donde se prevé una nueva confrontación entre las fuerzas políticas antes de su posible aprobación definitiva.

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